El Día

Buscan avanzar con una reforma de fondo en el sistema carcelario 

Ya fue anunciado por el gobierno de Vidal. Contemplaría la salida de jefes de penales

Luego de que la Legislatura sancionara, el jueves pasado, un proyecto que declara el estado de emergencia en el área, el gobierno de María Eugenia Vidal tiene decidido ahora avanzar con una reforma profunda en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los cambios que se anticipan serán “estructurales” pero no llegarán “de un día para el otro”. Así lo afirmó ayer el secretario de Comunicación bonaerense, Federico Suárez.

En declaraciones a la prensa el funcionario de Vidal adelantó que en el Ejecutivo “ya se está trabajando en un plan de reforma para el Servicio Penitenciario, que en muchas partes está colapsado”.

Suárez situó a la reforma en el sistema carcelario entre los desafíos inmediatos para la gestión Vidal en la Provincia junto con “el trabajo fuerte con las paritarias en la Educación”.

El funcionamiento del SPB quedó en el ojo de la tormenta desde la fuga de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci del penal de General Alvear, un escape para que los condenados por el triple crimen habrían contado con colaboración interna de la fuerza.

Tras la fuga, y en medio de la conmoción interna, Vidal ordenó la saida de la titular del SPB Florencia Piermnarini y su reemplazo por Fernando Díaz, quien había desempeñado su cargo durante el gobierno de Felipe Solá. El cambio se completó con cinco modificaciones en la cúpula del Servicio.

La idea, ahora, es avanzar con una reforma más profunda que incluiría cambios en la línea de conducción de penales.

Tras la fuga, el gobierno de Vidal amplió las sospechas sobre sectores que actúan en complicidad con bandas delictivas.

En ese marco fue que el Ejecutivo redobló esfuerzos para que la Legislatura sancione la declaracón de emergencia en el SPB, que finalmente se concretó en la sesión del jueves pasado.

La Gobernadora había fundado el proyecto que envió a las cámaras argumentando “innegables carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales” que, dijo, detectó en el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria, que, subraya, pasó de “30.712 a 35.166” detenidos.
La norma habilita al ministro de Justicia, Carlos Mahiques, a realizar uso discrecional de fondos para compras y contrataciones y manejos de personal.

El objeto de la declaración, se indicó en el proyecto, es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

La emergencia xceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones.

“No será de un día para el otro”, dicen en el gobierno de María Eugenia Vidal sobre el plan de modificaciones en el esquema de mando del Servicio Penitenciario