Piden
a Vidal que anule designación de fiscal
La Comisión Provincial
por la Memoria (CPM) junto al CELS y otros organismos pidieron ayer a la
gobernadora María Eugenia Vidal anular el decreto que designa al ex
subsecretario de Política Criminal del Servicio Penitenciario Bonaerense César
Albarracin como fiscal adjunto de Casación, por su responsabilidad en
“violaciones a los derechos humanos cometidas en cárceles” que estuvieron a su
cargo desde 2009.
Albarracín se desempeñó
hasta el 23 de diciembre pasado en esa área clave del Servicio Peniteniciario,
habiendo dejado su cargo poco antes de la triple fuga de los condenados por el
triple crimen de General Rodríguez, evadidos del penal de máxima seguridad de
General Alvear, Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci.
Ayer, los organismos
mencionados y la Defensoría de Casación, CEPI, Fojude y AJUS La Plata,
presentaron a Vidal una solicitud impugnando la designación del ex funcionario
como fiscal debido a que “su gestión se basó en la negación de la grave
situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas
privadas de la libertad”, un argumento que ya venían esgrimiendo en las
presentaciones de denuncias a nivel internacional por el estado de las cárceles
en la Provincia.
En el documento
presentado, también subrayaron que “las pésimas condiciones de detención, la
corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de
fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la
muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión de Albarracín”.
Piden
la nulidad
Albarracín se desempeñó
al frente del Servicio Penitenciario desde 2009 y hasta mediados de diciembre,
aunque en 2011 su nombre fue votado en una terna por el Senado bonaerense como
fiscal adjunto de Casación,
Sin embargo, el
funcionario continuó al frente de su cargo en el Poder Ejecutivo y, según
trascendió ayer, el ex gobernador Daniel Scioli había firmado el decreto para
concluir formalmente su designación en la Justicia recién en noviembre pasado.
Ahora, mientras se
espera su asunción a la función judicial, estos organismos de derechos humanos
que la objetan le piden a Vidal que anule el decreto de Scioli para evitarlo.
No obstante, viabilidad
de la solicitud arroja polémica debido a que el pliego de Albarracín fue votado
en la Legislatura bonaerense, por lo que el decreto que concluyó su designación
es sólo el último de los pasos de una decisión asumida por otro poder.
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